Ayotzinapa y afuera
Jorge G. Castañeda
En
la vorágine noticiosa por las fechas fatídicas de Ayotzinapa —primer
aniversario, reunión de los padres con Peña Nieto, informe de los expertos del
GIEI, viaje de EPN a Nueva York, caída de Pérez Molina en Guatemala gracias a
la CICIG— puede pasar desapercibida una discusión fundamental: el posible
alcance de la injerencia internacional en temas internos mexicanos, tanto de
los expertos, los argentinos, una altamente hipotética CICIM, una fiscalía
externa o un nuevo grupo de expertos, como lo propuso la procuradora y que
incluya a más peritos internacionales.
El
debate se da de manera elíptica, eufemística —a la mexicana—, aunque en
ocasiones también estridente, como cuando nuestro director habla de engendros
extranjeros. Asimismo, en ocasiones, se sobrepone a otras discusiones, por
ejemplo, si los peritos pro-Cocula son más piezas que el perito peruano
anti-Cocula. Lo esencial, tanto en materia de derechos humanos como de
corrupción e impunidad en general se encuentra claramente planteado.
Existen dos razones para recurrir a instancias
internacionales. La primera, es la más obvia, la que de alguna manera emana de
Guatemala, Iguala y muchos otros casos: en ocasiones las instituciones
nacionales no pueden investigar, concluir, denunciar y castigar violaciones a
los derechos humanos o casos de corrupción. Cuando es así, la disyuntiva es
sencilla: no hacer nada o hacerlo junto con y gracias a algún factor externo.
Es lo que sucedió en Guatemala; es lo que probablemente suceda en Honduras; y
es lo que ha sucedido en países europeos como Grecia.
La
segunda es que más allá de la coyuntura, y aun si las instituciones nacionales
pueden procurar justicia, limitar impunidad y denunciar abusos, para anclar
estos procedimientos y para reforzar a esas instituciones conviene suscribir
acuerdos internacionales de distinta índole porque ningún país está al abrigo
de retrocesos, tentaciones o demonios autoritarios. Es la vieja tesis que
muchos países han aceptado.
Durante
años se lamentó en México que el factor externo fuera estadunidense: los
medios, el Congreso, las ONG, etcétera. Con algo de razón. De ahí se dedujo que
convenían más instancias regionales o internacionales, pero en todo caso
multilaterales. La OEA y la CIDH son un ejemplo. La Relatoría del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU sobre Tortura y Desapariciones Forzadas es otro.
Ahora resulta que a los adversarios de este tipo de tesis no les gusta ni el
tema bilateral (EU) ni el regional (OEA) ni el internacional (CDH-ONU). En buen
castellano, ¿qué chile les acomoda?
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